La Ley Nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La ley lleva el nombre de Micaela García, en memoria de la joven de 21 años, estudiante del Profesorado Universitario en Educación Física y militante del movimiento Ni Una Menos, víctima de femicidio en 2017. Su asesino y abusador, Sebastián Wagner, había sido beneficiado con la libertad condicional, pese a estar condenado a nueve años de prisión por la violación de dos mujeres y contar con informes técnicos que advertían sobre su peligrosidad.
El caso conmocionó a la sociedad argentina y expuso la falta de perspectiva de género en el accionar de diversos sectores del Estado.
Promulgada el 10 de enero de 2019, la Ley Micaela tiene como objetivo transversalizar la perspectiva de género en todas las acciones estatales, para prevenir, sancionar y erradicar las violencias machistas, promoviendo relaciones basadas en la igualdad y el respeto a la diversidad.
Desde esta perspectiva, se promueve una formación integral que brinde herramientas para identificar desigualdades de género y desarrollar estrategias para su erradicación. Asimismo, busca transmitir conocimientos y (de)construir sentidos comunes, cuestionando la desigualdad y la discriminación, con el fin de transformar las prácticas concretas en cada trámite, intervención institucional, proyecto de ley y política pública.
Desde su sanción, la Ley Micaela representa un compromiso político e institucional con la construcción de un Estado más justo, con enfoque en derechos humanos, equidad y género.
En 2019, la Universidad Nacional del Comahue adhirió a la Ley Micaela mediante la Ordenanza Nº 0387, como parte de su compromiso sostenido con la construcción de una comunidad universitaria más equitativa e inclusiva.
A partir de esta adhesión, se creó el Programa de Capacitación Permanente en Género y Violencia contra las Mujeres, de carácter obligatorio para docentes, no docentes y estudiantes, consolidando una política institucional orientada a una universidad libre de violencias y con perspectiva de género.